El
reciente 9 de noviembre, el país presenció un polémico acto: la irrupción del
alto mando militar, con el jefe del Comando Conjunto, general Luis Garzón, a la
cabeza, en la audiencia de la Corte Nacional de Justicia donde debía conocerse
los cargos formulados contra cinco militares retirados, acusados de varios
casos de violación de los derechos humanos, ocurridos bajo el gobierno
represivo de León Febres-Cordero contra miembros del grupo insurgente Alfaro
Vive Carajo (AVC). Era la tenebrosa época en que el poderoso secretario de la
Administración, Joffre Torbay, lanzó a todos los vientos la consigna del
régimen: “A los subversivos hay que matarlos como al pavo navideño, la
víspera”. Esto significaba: hay que eliminarlos antes de que actúen. Bajo esta
orden cayeron detenidos, fueron torturados o asesinados numerosos militantes de
aquella organización, que luego entregó las armas en un acto muy publicitado
por el gobierno del doctor Rodrigo Borja, con el que se hallaba identificado el
general (sp) Paco Moncayo.
Cabalmente,
El Comercio del 15 de noviembre trae media página de declaraciones del general
Moncayo, en que afirma que “el gobierno de Borja fue ejemplar en derechos
humanos”, para contrastarlo con lo que, según él, ocurre ahora, cuando al
referirse a las Fuerzas Armadas afirma que “se persigue sistemáticamente a la
institución para destruirla”, conforme a una fórmula cubana citada por él. Por
cierto, la irrupción de los mandos en aquella audiencia determinó que fuera
suspendida. En el mismo número del diario se inserta un artículo suscrito por
el también general retirado Oswaldo Jarrín R., bajo el título de ‘Dignidad
militar’, en el cual abunda en toda clase de acusaciones contra Correa, que
prácticamente son las mismas que circularon en vísperas del 30-S.
Por
cierto, hay que defender la dignidad militar, igual que la dignidad de
cualquier sector del pueblo ecuatoriano, como fue el caso de los trabajadores
de Guayaquil acusados por la oligarquía de ser malandrines y asaltantes, lo que
dio pie a la criminal masacre del 15 de noviembre de 1922, ejecutada por el
Batallón Cazadores de Los Ríos. O como fue también el caso de esa otra masacre
del pueblo guayaquileño ejecutada por tropas militares al mando del coronel
Luis Ricardo Piñeiros, matanza justificada por el presidente socialcristiano
Camilo Ponce bajo el argumento de que los caídos eran hampones y
prostitutas.
¿Y la
masacre de Aztra bajo el gobierno militar encabezado por el almirante Alfredo
Poveda Burbano? ¿Y el asesinato del economista Abdón Calderón Muñoz en ese
mismo gobierno, con la implicación de altos militares? ¿Y los lúgubres
misterios militares que encierra el magnicidio del presidente Jaime Roldós
Aguilera? ¿Y los actos de traición nacional cometidos por la Junta Militar que
presidiera Ramón Castro Jijón, como la suscripción del Modus Vivendi secreto
con Estados Unidos? ¿Y los golpes de Estado producidos o apoyados por altos
oficiales, como en el caso del general Moncayo durante el derrocamiento de
Bucaram y la entronización del régimen supercorrupto de Fabián Alarcón? Lo
curioso del caso es que los grupos de oposición política reunidos en Guayaquil,
luego de la mencionada irrupción, resolvieron incorporar en las nuevas marchas
que anuncian, “la defensa de la dignidad militar” Entre los dirigentes de esos
grupos figuran aquellos ultraizquierdistas que siempre calificaron a los
militares, en montón, como ‘gorilas fascistas’.
La
verdad histórica nos enseña que las Fuerzas Armadas han generado grandes
figuras, como el general Alberto Enríquez Gallo, para citar un nombre en medio
de muchos. La historia registra también numerosos casos de altos oficiales que
han arrastrado la honra institucional por las patas de los caballos.
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P.D. Le
invito a que escriba su comentario en el recuadro de abajo, no importa si está
a favor o en contra. Ejerza su derecho a decir lo que piensa.
C. M.
Luis Fernando Carvajal Herrera.
Atte.
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