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jueves, 12 de noviembre de 2015

¿PODER CIVIL O PODER MILITAR?




Minutos antes de la audiencia hizo presencia un grupo de 25 altos oficiales, encabezados por el general Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto, y los generales Raúl Banderas, Carlos Obando y Luis Santiago, comandantes de la Aviación, el Ejército y la Marina, hallándose entre ellos el general (sp) Guillermo Rodríguez Lara, ex mandatario derrocado por otros militares en enero de 1976. Ostensiblemente, acudían a solidarizarse con el acusado, esto antes de conocerse el documento judicial que formula los cargos, que no llegó a leerse. Mientras tanto, afuera, como lo relata El Comercio del día 10, “decenas de soldados retirados rodearon una esquina de la Corte Nacional de Justicia y protestaron por el proceso. El coronel Fausto Cobo, ex asambleísta de Sociedad Patriótica, encabezó el plantón”. Por su parte, la jueza suspendió la sesión.

Si solo se hubiera tratado de una inocente manifestación del famoso “espíritu de cuerpo”, el asunto no representaría gravedad; pero la presencia perfectamente articulada de los mandos militares es muy elocuente, y adquiere las características de un acto de presión a las autoridades de  justicia, máxime cuando los manifestantes encabezados por Cobo, alta figura del gutierrismo, exhibían carteles con leyendas como esta: “Somos militares, no criminales”. Dicho de otro modo, los militares no pueden ser acusados de violación de los derechos humanos, aunque la historia demuestra que muchos casos han ocurrido en ese plano. Basta recordar que junto a policías acusados de los hechos sangrientos del 30 de Septiembre, se hallan enjuiciados también  varios militares por su notoria participación en el sangriento intento golpista.

Con este motivo vale también recordar esa tragicomedia que se denominó “el golpe de la Funeraria”, 1 de septiembre de 1975, durante  el intento de derrocar al mencionado general Rodríguez Lara, cuando varios altos oficiales secundaron al general Raúl González Alvear, quien ante el fracaso, y para evadir la  justicia, corrió a Chile a protegerse bajo el ala del genocida mayor de América Latina: Pinochet, dejando atrás una veintena de muertos, soldados y civiles, amén de los heridos y las familias destrozadas. Una violación en serie de derechos humanos y constitucionales.

Por lo demás, resulta necesario recordar que la Constitución, en su artículo 158, dispone que “las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y de la integridad territorial”, lo que está lejos de cualquier demostración de solidaridad con militares acusados de múltiples delitos de lesa humanidad.

El grave episodio que comentamos se agudiza cuando personajes políticos de la derecha, como el banquero Guillermo Lasso, se pronuncian a través del canal Teleamazonas en la misma línea de supuesta solidaridad, abundando en sospechosos elogios a las Fuerzas Armadas.

E-mail: jaigal34@yahoo.es          Twitter: @jaigal34
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P.D. Le invito a que escriba su comentario en el recuadro de abajo, no importa si está a favor o en contra. Ejerza su derecho a decir lo que piensa.
C. M. Luis Fernando Carvajal Herrera.
Atte.

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miércoles, 4 de noviembre de 2015

16 AÑOS DE UNA GRAN INFAMIA


A comienzos de 1999 el pueblo ecuatoriano recibió por la espalda varias puñaladas, asestadas por el presidente Jamil Mahuad, quien ascendiera al poder con el apoyo declarado del Partido Social Cristiano. La mayor herida fue la declaratoria de feriado bancario, dictada para proteger a la banca chulquera que había saqueado los bolsillos de la clase media y de los más pobres, para engorde y felicidad de un club de grandes banqueros, con Aspiazu, los Isaías, etc., etc., a la cabeza.


Acto seguido se dio la estampida de migrantes en todas las direcciones: Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Australia y otras latitudes. Hombres y mujeres fugaban del país en busca del pan y de fortuna. Casas desoladas, pueblos desiertos, abuelos súbitamente encargados de la crianza de los nietos, esto y mucho más fue la secuela del genocidio económico ejecutado por Mahuad y sus aliados.

En esas circunstancias, cuando la ciudadanía estaba golpeada y aturdida por el drama, el gobierno de Mahuad ejecutó un crimen de lesa patria: la entrega de la Base de Manta al Pentágono norteamericano, que dispondría durante diez años renovables de un enclave militar que venía a sustituir las bases perdidas en Panamá por la acción del general Omar Torrijos y el altivo pueblo panameño.


Para aprobar el convenio entreguista, Moeller y sus muchachos se pasaron la Constitución por la suela de sus zapatos, cuando ella prohibía expresamente la entrega de territorio nacional a cualquier país extranjero, especialmente para fines militares. 

Esto no fue óbice para que el Canciller Benjamín Ortiz, demócrata cristiano y ex director del diario HOY, proclamara reiteradamente que la Comisión estaba en su pleno derecho de negociar la entrega de la Base, con absoluta prescindencia del Congreso, pues supuestamente la finalidad de este acto de traición nacional tenía el inocente objeto de combatir el narcotráfico mediante inspecciones y monitoreo aéreo.

Así lo estipulaba la letra del convenio, pero los norteamericanos asentados en la Base de Manta extendieron de inmediato sus prerrogativas sobre las aguas territoriales del Ecuador en desvergonzado pisoteo de nuestra soberanía nacional.

Con ello vino una serie de asaltos a barcos de pescadores ecuatorianos por parte de los célebres ´´marines´´ yanquis, el hundimiento de naves sin justificación alguna  y la total desaparición de otras, como fue el caso del barco pesquero Jorge IV, ocurrido el 5 de junio del 2002, y que ha sido señalado por los pescadores manabitas y la ciudadanía como obra de los norteamericanos, que además se adjudicaban el derecho de detener a migrantes ecuatorianos.


Volveremos sobre el tema en próximas entregas, especialmente para apelar a la memoria colectiva en favor de las familias de los desaparecidos bajo la impunidad y soberbia del militarismo yanqui y sus testaferros criollos. Además, les recordaremos a los lectores que el tal convenio fue un pacto bélico ilegal e inmoral, que fue declaradamente usado por los gringos para intervenir en la guerra interna de Colombia y empujar al Ecuador a ese infierno.

E-mail: jaigal34@yahoo.es          Twitter: @jaigal34
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C. M. Luis Fernando Carvajal Herrera.
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