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jueves, 3 de diciembre de 2015

MATAR A CHÁVEZ

Durante dos décadas el fantasma de Ernesto ‘Che’ Guevara desveló y enloqueció al imperio, la derecha continental y esos puristas de izquierda que se autorrotulan como ‘revolucionarios’. Por eso descargaron su furia, su odio y su terror contra la más mínima sombra del Guerrillero Heroico. Para algo funcionaban la CIA, el Comando Sur y la Escuela de las Américas, esa fábrica de asesinos en serie. Para algo también habían nacido Videla, Pinochet y otros criminales semejantes.
Luego surgió a la historia el comandante Hugo Chávez Frías, que condujo la liberación de Venezuela e inició la Revolución Bolivariana, la cual regó su luz en todo el continente, propiciando independencia y soberanía antes negadas a nuestras naciones por orden de las transnacionales petroleras y bananeras, en yunta con las oligarquías criollas. El programa de Chávez era muy simple: devolverles sus riquezas, su voz y sus derechos a los postergados y marginados de siempre. Esos logros conquistaron el corazón de las multitudes. Tanto que cuando en abril de 2002 el comandante fue derrocado, secuestrado y conducido al pie del paredón, un océano de pobres descendió de los cerros de Caracas y rescató a su legítimo Presidente. El elegante sombrero del Tío Sam rodó por los suelos y los complotados, que se disponían a celebrar la danza de la victoria, huyeron por las alcantarillas, entre ellos el tal Capriles.
Pero el imperio es el imperio y la burguesía es la burguesía. Pronto recogieron su colección de momias y momios, les revivieron con suculentas inyecciones de dólares, y se lanzaron nuevamente a la carga. Uno de los principales profetas de Washington, el pastor Pat Robertson, republicano de la banda de Bush, dijo entonces que el problema Chávez era fácil de resolver: pagar un sicario y pegarle un tiro. No fue preciso hacerlo: la muerte se burló del asesino.
Con la desaparición física del comandante, reemplazado en la Presidencia por Nicolás Maduro, un obrero de manos callosas y corazón bien puesto, los representantes del capitalismo salvaje se creyeron en el cielo, y desataron el infierno. Guarimbas, francotiradores, campaña mundial de mentiras y desinformación, todo lo montaron para deshacerse del gobierno bolivariano, pero este se ha mantenido en pie y este domingo 6 de diciembre conduce un proceso democrático contra viento y marea, contra los yanquis y la OEA, para elegir un parlamento de acuerdo a la Constitución bolivariana.
Los resultados son previsibles: si pierde la oposición habrá guerra, y si gana, también habrá guerra. En el primer caso, se hablará de fraude, se desatará la furia en las calles, se cometerán atentados, se invocará la intervención armada de los yanquis y la OTAN. Y si gana, la oposición desatará desde el Parlamento, apoyada en los grandes medios nacionales e internacionales, una guerra total contra las instituciones, las leyes y las organizaciones creadas por la Revolución Bolivariana. Será la nueva forma de matar a Chávez.
En uno u otro caso, la derecha continental unirá sus estandartes guerreros a la restauración conservadora-neoliberal de Venezuela. Ya lo hizo Mauricio Macri en Buenos Aires, a pocas horas de su triunfo del 22 de noviembre. Y lo vemos ya en Ecuador, donde los voceros de la restauración anuncian su propia guerra tras el biombo de oponerse a las enmiendas constitucionales. Por su parte, el grito fascista resuena en todas partes con el mismo tono: no queremos más Revolución Bolivariana. De una vez, matemos a Chávez.

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C. M. Luis Fernando Carvajal Herrera.
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jueves, 12 de noviembre de 2015

¿PODER CIVIL O PODER MILITAR?




Minutos antes de la audiencia hizo presencia un grupo de 25 altos oficiales, encabezados por el general Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto, y los generales Raúl Banderas, Carlos Obando y Luis Santiago, comandantes de la Aviación, el Ejército y la Marina, hallándose entre ellos el general (sp) Guillermo Rodríguez Lara, ex mandatario derrocado por otros militares en enero de 1976. Ostensiblemente, acudían a solidarizarse con el acusado, esto antes de conocerse el documento judicial que formula los cargos, que no llegó a leerse. Mientras tanto, afuera, como lo relata El Comercio del día 10, “decenas de soldados retirados rodearon una esquina de la Corte Nacional de Justicia y protestaron por el proceso. El coronel Fausto Cobo, ex asambleísta de Sociedad Patriótica, encabezó el plantón”. Por su parte, la jueza suspendió la sesión.

Si solo se hubiera tratado de una inocente manifestación del famoso “espíritu de cuerpo”, el asunto no representaría gravedad; pero la presencia perfectamente articulada de los mandos militares es muy elocuente, y adquiere las características de un acto de presión a las autoridades de  justicia, máxime cuando los manifestantes encabezados por Cobo, alta figura del gutierrismo, exhibían carteles con leyendas como esta: “Somos militares, no criminales”. Dicho de otro modo, los militares no pueden ser acusados de violación de los derechos humanos, aunque la historia demuestra que muchos casos han ocurrido en ese plano. Basta recordar que junto a policías acusados de los hechos sangrientos del 30 de Septiembre, se hallan enjuiciados también  varios militares por su notoria participación en el sangriento intento golpista.

Con este motivo vale también recordar esa tragicomedia que se denominó “el golpe de la Funeraria”, 1 de septiembre de 1975, durante  el intento de derrocar al mencionado general Rodríguez Lara, cuando varios altos oficiales secundaron al general Raúl González Alvear, quien ante el fracaso, y para evadir la  justicia, corrió a Chile a protegerse bajo el ala del genocida mayor de América Latina: Pinochet, dejando atrás una veintena de muertos, soldados y civiles, amén de los heridos y las familias destrozadas. Una violación en serie de derechos humanos y constitucionales.

Por lo demás, resulta necesario recordar que la Constitución, en su artículo 158, dispone que “las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y de la integridad territorial”, lo que está lejos de cualquier demostración de solidaridad con militares acusados de múltiples delitos de lesa humanidad.

El grave episodio que comentamos se agudiza cuando personajes políticos de la derecha, como el banquero Guillermo Lasso, se pronuncian a través del canal Teleamazonas en la misma línea de supuesta solidaridad, abundando en sospechosos elogios a las Fuerzas Armadas.

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miércoles, 4 de noviembre de 2015

16 AÑOS DE UNA GRAN INFAMIA


A comienzos de 1999 el pueblo ecuatoriano recibió por la espalda varias puñaladas, asestadas por el presidente Jamil Mahuad, quien ascendiera al poder con el apoyo declarado del Partido Social Cristiano. La mayor herida fue la declaratoria de feriado bancario, dictada para proteger a la banca chulquera que había saqueado los bolsillos de la clase media y de los más pobres, para engorde y felicidad de un club de grandes banqueros, con Aspiazu, los Isaías, etc., etc., a la cabeza.


Acto seguido se dio la estampida de migrantes en todas las direcciones: Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Australia y otras latitudes. Hombres y mujeres fugaban del país en busca del pan y de fortuna. Casas desoladas, pueblos desiertos, abuelos súbitamente encargados de la crianza de los nietos, esto y mucho más fue la secuela del genocidio económico ejecutado por Mahuad y sus aliados.

En esas circunstancias, cuando la ciudadanía estaba golpeada y aturdida por el drama, el gobierno de Mahuad ejecutó un crimen de lesa patria: la entrega de la Base de Manta al Pentágono norteamericano, que dispondría durante diez años renovables de un enclave militar que venía a sustituir las bases perdidas en Panamá por la acción del general Omar Torrijos y el altivo pueblo panameño.


Para aprobar el convenio entreguista, Moeller y sus muchachos se pasaron la Constitución por la suela de sus zapatos, cuando ella prohibía expresamente la entrega de territorio nacional a cualquier país extranjero, especialmente para fines militares. 

Esto no fue óbice para que el Canciller Benjamín Ortiz, demócrata cristiano y ex director del diario HOY, proclamara reiteradamente que la Comisión estaba en su pleno derecho de negociar la entrega de la Base, con absoluta prescindencia del Congreso, pues supuestamente la finalidad de este acto de traición nacional tenía el inocente objeto de combatir el narcotráfico mediante inspecciones y monitoreo aéreo.

Así lo estipulaba la letra del convenio, pero los norteamericanos asentados en la Base de Manta extendieron de inmediato sus prerrogativas sobre las aguas territoriales del Ecuador en desvergonzado pisoteo de nuestra soberanía nacional.

Con ello vino una serie de asaltos a barcos de pescadores ecuatorianos por parte de los célebres ´´marines´´ yanquis, el hundimiento de naves sin justificación alguna  y la total desaparición de otras, como fue el caso del barco pesquero Jorge IV, ocurrido el 5 de junio del 2002, y que ha sido señalado por los pescadores manabitas y la ciudadanía como obra de los norteamericanos, que además se adjudicaban el derecho de detener a migrantes ecuatorianos.


Volveremos sobre el tema en próximas entregas, especialmente para apelar a la memoria colectiva en favor de las familias de los desaparecidos bajo la impunidad y soberbia del militarismo yanqui y sus testaferros criollos. Además, les recordaremos a los lectores que el tal convenio fue un pacto bélico ilegal e inmoral, que fue declaradamente usado por los gringos para intervenir en la guerra interna de Colombia y empujar al Ecuador a ese infierno.

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