La edición de antier de este diario (El Telégrafo), trae en su página 09 una fea información: “un grupo de 200 personas, adultos y niños, que desde elviernes permanecían en un lote propiedad de la Armada Nacional, fue desalojado ayer”. Se trata obviamente de familias pobres que, desesperadas por carecer de vivienda, por precaria que esta fuese, ocuparon un área de esta propiedad militar. Los desalojados argumentan que este terreno está abandonado desde hace 40 años, y que solo se ocupa para dejar deshechos, como refugio de delincuentes y… ¡como botadero de cadáveres!
He allí una muestra elocuente del drama de la vivienda entre los
humillados y ofendidos de la sociedad, que se reproduce en millares de casos en
Costa y Sierra: terrenos urbanos ociosos y gente pobre que no dispone siquiera
de un tugurio donde vivir con sus numerosos hijos, que se arrastran en la
miseria, y que es desalojada por la fuerza pública en aras de la sacrosanta
propiedad privada, que en este caso es antisocial y no sirve ni a Dios ni al
diablo.
Esta triste historia forma parte de una realidad que padecemos desde que
nuestra república es república, es decir desde 1830, hace 187 años. Se trata en
este caso del latifundismo urbano que se formó como parte del acaparamiento de
tierras por parte de minúsculas oligarquías asentadas en las ciudades, de la
voracidad de la Iglesia católica, la banca, las instituciones estatales y
municipales, y toda clase de juntas de beneficencia y fundaciones.
Los terratenientes urbanos mantienen estos terrenos para el “engorde”,
como dicen ellos, es decir hasta que suban los precios del suelo al máximo y la
elevada plusvalía les permitan enormes ganancias. En este campo se dieron
dos casos emblemáticos en Quito y Guayaquil. En la capital, antes del gobierno
de Correa y de la Ley de Plusvalía que este puso en vigencia, un grupo de
ricachos y funcionarios corruptos se apoderó de cientos de hectáreas de lo que
iba a ser – y ellos lo sabían- el aeropuerto de Tababela; pagaron ínfimos
centavos de sucres (no de dólares) a los campesinos que eran legítimos dueños
de esos terrenos, y luego los vendieron por suculentos dólares.
En Guayaquil, otro grupo de ricachos y de funcionarios corruptos,
también durante gobiernos anteriores a Rafael Correa, informados de que se iba
a construir La Perimetral, se posesionaron gratuitamente o a precio de gallina
enferma, de los terrenos aledaños a la gran vía para luego venderlos en
cuantiosas sumas. Estos son dos meros ejemplos de lo que significa la bendita
plusvalía; bendita para las clases dominantes y maldita para los desheredados
de toda fortuna.
Cuando el gobierno de Correa propuso la Ley de Plusvalía para recortar
siquiera en parte las desmedidas uñas de los poderosos terratenientes urbanos,
estos pusieron el grito en el cielo, y más cuando la aprobó la Asamblea; grito lanzado especialmente en la campaña electoral por el candidato banquero Guillermo Lasso.
Hoy el presidente Lenin Moreno ha incluido en su propuesta de consulta popular la pregunta sexta, para que la ciudadanía resuelva si se deroga o no esta discutida Ley. Claro, los terratenientes urbanos se movilizan y movilizan
sectores sociales a favor de la derogatoria, en defensa de sus privilegios,
aunque sus terrenos antisociales permanezcan ociosos y solo sirvan como
botaderos de cadáveres.
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P.D. Le invito a que escriba su comentario en el recuadro de abajo, no importa
si está a favor o en contra. Ejerza su derecho a decir lo que piensa.
C. M. Mg. Luis Fernando Carvajal Herrera.
Atte.
Twitter:
@lufecahe
Que triste ver un país donde hay cada día hay más pobres. Porque los ricos se aprovecharon y les quitaron la fortuna. El país lamentablemente no cambiará.
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