Acaba de estallar una bomba que tendrá grandes efectos políticos: la glosa emitida por la Contraloría General contra la ex ministra del Ambiente y asambleísta Marcela Aguiñaga, además de otras siete personas, entre ellas José Noritz, ex DirectorGeneral del ISSFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas). El monto de la glosa no es pelo de cochino: son 41 millones de dólares por los que deben responder Marcela Aguiñaga y sus compañeros de la mencionada lista. El motivo del problema se remonta a al año 2010, cuando el ISSFA y la ex ministra negociaron la compraventa de 66 lotes de terreno en Guayaquil, que figuraban como propiedad del ISSFA, que estaban avaluados en 7 millones de dólares pero que se pactó en la astronómica suma de 48 millones, es decir, con un sobreprecio visible de 41 millones.
Marcela Aguiñaga
alega hoy que el avalúo municipal no tenía que ver con el negocio, pues no se
trataba de negociar sobre un terreno que estuviera bajo esa jurisdicción sino
que “la zona donde están los predios fue declarada área protegida, por lo que
no debía intervenir la autoridad seccional (Municipio de Guayaquil”. Es decir
que el mentado avalúo no debía ser tomado en cuenta. Por su parte Noritz afirma
que tiene el respaldo militar respecto de su actuación, mientras los actuales
directivos del ISSFA anuncian que no han pagado aquella diferencia ni la
pagarán.
El argumento de la
ex ministra, además de frágil, resulta peligroso, pues de aceptárselo, querría
decir que el Ministerio del Ambiente puede negar el patrimonio del país, como
son por ejemplo las áreas protegidas, a su entero gusto y sabor. Que la
disposición de la Contraloría tiene un matiz político y entraña una
forma de persecución, podría explicarse dada la figura de Aguiñaga, quien es
directora provincial del Guayas de Alianza País y se la reconoce públicamente
como una decidida “correista”, cuando serlo se ha convertido no solo
en mala palabra sino delictivo. A tal punto han llegado los odios
sectarios y la manipulación de capos derechistas y oportunistas.
Al respecto,
conviene recordar que fue el entonces presidente Rafael Correa quien denunció
la irregularidad de este turbio negocio, siendo la morosidad de las autoridades
de control anteriores las que dejaron el caso sin tratamiento alguno. Por su
parte, a raíz del suceso, el Secretario Jurídico de la Presidencia de entonces,
Alexis Mera, adujo que todo este desaguisado había sido “un error de buena fe”.
Ante ello, por nuestra parte en esos días escribimos en este diario un artículo
en que demandábamos un trato urgente y profundo del asunto, sin contemplación
alguna, señalando que si bien en una cuentan doméstica puede haber errores de
buena fé, no cabía que se produjeran ni admitieras en negocios donde se
comprometían los fondos del Estado, que nos pertenecen a todos los
ecuatorianos. Ahora nos ratificamos en nuestro punto de vista,
lamentando que se mezclen los rectos procedimientos con intereses
políticos de baja calaña, y deseosos de que veamos dirigentes políticos que no
se enloden ni enloden a sus agrupaciones con censurables acciones.
E-mail: jaigal34@yahoo.es Twitter: @jaigal34
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P.D. Le invito a que escriba su comentario en el recuadro de abajo, no
importa si está a favor o en contra. Ejerza su derecho a decir lo que piensa.
C. M. Mg. Luis Fernando Carvajal Herrera.
Atte.
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