Acaba de
producirse en Quito un hecho de extremada gravedad: una demostración de fuerza
militar frente al poder de la justicia, que debe ser respetado por toda la
ciudadanía de modo igual. El hecho se suscitó el 9 de noviembre con motivo de la audiencia convocada por el Fiscal General del Estado, doctor Galo Chiriboga, con participación de la jueza doctora Silvia Sánchez, a fin de conocer públicamente la acusación contra el oficial discretamente llamado Mario A, el mismo que no se presentó gracias a un oportuno certificado médico que lo declara afectado por un problema cardíaco. El juicio anunciado es el primero que se lleva a cabo por delitos de lesa humanidad, acusación que pesa sobre dicho oficial por diversas atrocidades cometidas, según se afirma en la denuncia, contra Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, militantes de Alfaro Vive Carajo, bajo el gobierno represivo de León Febres Cordero.
Minutos antes de
la audiencia hizo presencia un grupo de 25 altos oficiales, encabezados por el general Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto, y los generales Raúl Banderas,
Carlos Obando y Luis Santiago, comandantes de la Aviación, el Ejército y la Marina,
hallándose entre ellos el general (sp) Guillermo Rodríguez Lara, ex mandatario
derrocado por otros militares en enero de 1976. Ostensiblemente, acudían a
solidarizarse con el acusado, esto antes de conocerse el documento judicial que
formula los cargos, que no llegó a leerse. Mientras tanto, afuera, como lo relata El Comercio del día 10, “decenas de soldados retirados rodearon una esquina de la Corte Nacional de Justicia y protestaron por el proceso. El coronel Fausto Cobo, ex asambleísta de Sociedad Patriótica, encabezó el plantón”. Por su parte, la jueza suspendió la sesión.
Si solo se
hubiera tratado de una inocente manifestación del famoso “espíritu de cuerpo”,
el asunto no representaría gravedad; pero la presencia perfectamente articulada
de los mandos militares es muy elocuente, y adquiere las características de un
acto de presión a las autoridades de justicia, máxime cuando los
manifestantes encabezados por Cobo, alta figura del gutierrismo, exhibían
carteles con leyendas como esta: “Somos militares, no criminales”. Dicho de
otro modo, los militares no pueden ser acusados de violación de los derechos
humanos, aunque la historia demuestra que muchos casos han ocurrido en ese
plano. Basta recordar que junto a policías acusados de los hechos sangrientos
del 30 de Septiembre, se hallan enjuiciados también varios militares por
su notoria participación en el sangriento intento golpista.
Con este motivo
vale también recordar esa tragicomedia que se denominó “el golpe de la Funeraria”, 1 de septiembre de 1975, durante el intento de derrocar al
mencionado general Rodríguez Lara, cuando varios altos oficiales secundaron al
general Raúl González Alvear, quien ante el fracaso, y para evadir la
justicia, corrió a Chile a protegerse bajo el ala del genocida mayor de América
Latina: Pinochet, dejando atrás una veintena de muertos, soldados y civiles,
amén de los heridos y las familias destrozadas. Una violación en serie de
derechos humanos y constitucionales.
Por lo demás,
resulta necesario recordar que la Constitución, en su artículo 158, dispone que
“las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y de la integridad territorial”, lo que está lejos de cualquier demostración de
solidaridad con militares acusados de múltiples delitos de lesa humanidad.
El grave
episodio que comentamos se agudiza cuando personajes políticos de la derecha,
como el banquero Guillermo Lasso, se pronuncian a través del canal Teleamazonas
en la misma línea de supuesta solidaridad, abundando en sospechosos elogios a
las Fuerzas Armadas.
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P.D. Le invito a que escriba su
comentario en el recuadro de abajo, no importa si está a favor o en contra.
Ejerza su derecho a decir lo que piensa.
C. M.
Luis Fernando Carvajal Herrera.
Atte.
